La CRAC dio su respaldo a la Casa de Justicia del Paraíso y exigieron libertad de Nestora Salgado
+++ En esta reunión celebrada en San Luis Acatlán, recriminaron el incumplimiento del gobernador Ángel Aguirre Rivero, de autorizarles la utilización de mejores armas.
En la reunión que llevó a cabo La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), en San Luis Acatlán, acordaron darles todo su respaldo a la Casa de Justicia del Paraíso municipio de Ayutla, en el que se encuentran aglutinadas las Policías Comunitarias de Olinalá, Tixtla y Huamuxtitlán, asimismo se pronunciaron por la libertad de todos los detenidos de la Casa de Justicia de El Paraíso y la desmilitarización del territorio comunitario.
Fue una larga reunión en la que asistieron los coordinadores de las casas de justicia de: San Luis, Zitlaltepec, Espino Blanco, Tixtla y El Paraíso, en la que se registraron 52 votos de 59 autoridades comunitarias asistentes, votaron a favor de la casa de Justicia del Paraíso y se pronunciaron por la unidad de las cuatro casas de justicia en la costa chica y montaña.
Ahí también se pronunciaron por la libertad de los 34 detenidos que tiene el gobierno y exigen la liberación de Nestora Salgado García coordinadora de la CRAC en Olinalá y actualmente recluida en un penal de Nayarit.
En la asamblea, cuatro coordinadores aceptaron que se cometieron errores y pidieron mantener la unidad de las cuatro casas de justicia que integran la institución comunitaria.
Incluso recriminaron al coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, que haya anunciado en la prensa el desconocimiento de las policías comunitarias adscritas a la Casa de Justicia de El Paraíso (las de Ayutla, Tecoanapa, Tixtla, Huamuxtitlán, Olinalá y Atlixtac), antes de que el tema fuera discutido en esta asamblea.
Asimismo, cuestionaron que avaló la credencialización de la Policía Comunitaria con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, y la militarización en la región, pero Del Villar aseguró que nunca pactó la entrada de los soldados a sus comunidades, y dijo que fueron los alcaldes quienes lo pactaron como parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Añadió que “no había de otra” más que aceptar la credencialización pero dijo que le advirtió al gobernador y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que la CRAC no tendrían un tercer desarme ni una detención, y “el día que me pare un militar, me va a llevar la chingada, pero también al militar”.
A favor de la separación de El Paraíso, la coordinadora de la Casa de San Luis Acatlán, Adelaida Hernández Nava, argumentó que los promotores de la Policía Comunitaria de Ayutla y Tixtla, Arturo Campos y Gonzalo Molina, no atendieron los llamados de atención que les hicieron Eliseo Villar y ella, y que incluso los enfrentaron con agresiones verbales.
Recordó que la comandante de la CRAC de Olinalá, Nestora Salgado García, detenida por “secuestro agravado” en un penal federal de Tepic, nunca fue nombrada “coordinadora” en la asamblea regional de las cuatro casas de justicias. “Si secuestró, no vamos a cargar con los delitos de esa señora, y no tenemos porqué andar borrándole los delitos”, dijo, repitiendo los argumentos de los funcionarios del gobierno con los que tratan de justificar la detención de la coordinadora en Olinalá.
El acuerdo derrumba la acusación de “secuestro agravado” que se usó para detener a Nestora Salgado en una operación realizada no por la Policía Ministerial sino por efectivos del Ejército y la Marina, que se basaba en que la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá ya había sido “expulsada” de la CRAC, y por lo tanto ya no era ninguna autoridad para detener a nadie pues ya no estaba amparada por la Ley 701 de reconocimiento de los derechos indígenas.
Entre las últimas intervenciones, el abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, pidió a la asamblea el apoyo a la Casa de Justicia de El Paraíso, de lo contrario el gobierno lograría su objetivo de dividir a la CRAC, dijo.
Advirtió que todo el territorio comunitario está militarizado, “no creamos que las demás casas de justicia están a salvo. Van contra todo el proyecto. Dejemos a un lado las expulsiones, los problemas hay que tratarlos en una asamblea posterior, pero ahora hay indígenas mixtecos encerrados, a quienes se violentaros sus derechos humanos, lo mismo que a Nestora Salgado”.
Respecto a la comandante de Olinalá, acusada secuestrar a personas que fueron detenidas por la Policía Comunitaria y llevadas a reeducación a Ayutla, denunció que el gobierno pretende criminalizarla.
“Ahora dicen que no hay delincuentes en Olinalá, pero hace años se sabe que ahí opera una banda de secuestradores”, para corroborarlo añadió que un ex presidente municipal está preso en el penal de alta seguridad de Almoloya (por este delito, y el alcalde actual es su pariente”.
Ante las constantes alusiones a la violación del reglamento, el asesor jurídico de la CRAC, Valentín Hernández Chapa, recordó que por norma interna se elige como representantes a personas de integridad física y moral.
De la detención de Eliseo Villar por soldados en Acapulco, a principios de mayo, Hernández Chapa recordó que si lo agarraron fue porque confió en el gobierno; asimismo Nestora Salgado acordó con el gobernador la entrada del Ejército y la Marina a Olinalá y los militares fueron los que la detuvieron. Después de la credencialización de los policías comunitarios, advirtió que los soldados irán a detenernos a sus propias casas.
El presidente de la mesa de debates sometió a votación a favor y luego en contra la propuesta de apoyar la liberación de todos los detenidos y la salida del Ejército y la Marina de territorio de la CRAC.
Pero también se acordó reactivar a la comisión que se integró en la asamblea anterior, para poner orden en la Casa de Justicia de El Paraíso de Ayutla, para evitar que transgredan la norma de la institución.
En una de sus intervenciones, Eliseo Villar reconoció que el gobierno federal ha estado desarmando a cada rato a la Policía Comunitaria, “a pesar de que tenemos leyes acuerdos a nuestro favor, el gobierno federal no las ha respetado.
Recordó que fue detenido y desarmado con otros policías comunitarios en Acapulco, y fue necesario un movimiento de los pueblos, para que fueran liberados, pero con un acuerdo de la Casa de Justicia de San Luis.
Sin embargo, señaló después la asamblea aprobó buscar solución por la vía pacífica, porque existe mucho hostigamiento del gobierno federal, “a cada rato deteniendo a comunitarios”.
Pero, insistió en que desde que el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, comenzó a crear grupos de autodefensa, se creó gran confusión porque se presentaba como CRAC y entonces comenzaron desarmes a la Policía Comunitaria real.
Por su parte el consejero Pablo Guzmán Hernández, acusado por disidentes y por el mismo Eliseo Villar de presuntos desvíos de recursos, propuso la integración de un comité con conocimientos de contabilidad para que se encargue de la revisión del último informe de San Luis y de las administraciones anteriores, para construir la confianza y evitar los problemas de siempre. El punto fue validado por la asamblea.
Eliseo Villar aprovechó para aclarar sobre el ingreso de 8 millones de pesos del gobierno del estado, de los cuales según versiones periodísticas, repartió de 10 mil a cada policía comunitario para que le tomen la foto y reciban las credenciales.
Aseguró que el dinero salió de la Secretaría de Desarrollo Rural a nombre de cada uno de los beneficiados con proyectos productivos, “no tengo nada que esconder”.
También se informó del cambio de coordinadores de la Casa de Justicia de Zitlalpetec, porque se negaron a dar informes del financiamiento que recibieron, y se habló de que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos indígenas envió 620 mil pesos, pero nadie sabe qué autoridad los recibió, y tampoco la dependencia quiere informar de esta situación.
Un consejero de la comunidad de Colombia de Guadalupe pidió que todos los casos de renuncia sean abordados en las asambleas regionales, porque ahí se hacen los nombramientos, y mientras el órgano no avale a nuevos representantes, los anteriores siguen siendo autoridades.
Incumple el gobierno el acuerdo con la CRAC, de autorizar el uso de mejores armas
El Coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Eliseo del Villar Castillo, denunció que el gobierno del estado, no ha cumplido con los acuerdos que firmó con él porque aún no cuentan con la autorización de la Licencia 110 para el uso de armas de calibres más gruesos, que les permitiría utilizar armamento como el que utiliza la Policía Estatal. Esto fue dado a conocer en la asamblea regional de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) celebrada en San Luis Acatlán.
Durante la reunión recordó que se sostuvieron mesas de trabajo con el gobierno federal y estatal para la portación de armas a través de la licencia 110 de la Secretaría de Defensa Nacional, pero el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, pide como mínimo estudios de primaria para autorizar el uso de ese tipo de armamento a los policías comunitarios. Ese es el primer obstáculo.
Dijo que las autoridades se niegan a entregar las armas de alto calibre que les decomisó el Ejército a la institución, no obstante aseguró que van a seguir insistiendo en su devolución.
Agregó que las autoridades se comprometieron a no obstruir el libre tránsito de los comunitarios en sus territorios, pero no han cumplido, y adelantó que para modificar la Ley 701 del gobierno del estado, la CRAC debe ser la encargada de hacer una consulta a los pueblos.
Al final de la asamblea explicó que para la autorización de la licencia 110 requería de la inclusión de un nuevo artículo a la 701, en lo cual está trabajando, pero que debe definirse en los pueblos si lo aceptan.
El tema de la credencialización, que también es un requisito para el otorgamiento de la licencia, fue motivo de muchas quejas de las autoridades, pero del Villar aseguró que no le dejaron otra opción, y siempre estuvo acompañado de los representantes del Centro de Defensa de Derechos Humanos de la montaña Tlachinollan.
El Gobierno Municipal de Marquelia que encabeza el alcalde Javier Adame Montalván, la diputada federal Teresa de Jesús Mojica Morga, el síndico procurador Miguel Candelario Cruz y los regidores Javier Figueroa Meza regidor de Salud, Lorena Aguilar Tacuba de Educación y decenas de niños, colocaron la primera piedra del “PARQUE INFANTIL” en la cabecera municipal, obra que brindará beneficios a miles de niños de esta municipalidad.
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