OPINION

Persecución de maestros y carta blanca a delincuentes

Carlos Pérez Aguirre

   La Auditoría Superior de la Federación publicó un informe sobre el ejercicio en 2011 del gobierno de Ángel Aguirre respecto al destino y aplicación de recursos del Fondo de Aportación para Seguridad Pública (FASP).

En él se observa que, independientemente de las graves anomalías financieras detectadas y tal vez como resultado de ellas, las consecuencias operativas fueron por demás lesivas para todos los guerrerenses.

Señala que, respecto a 2010, se incrementaron hasta llegar a 39.9 por ciento los homicidios; 54.4 por ciento, las extorsiones; 44.2 los secuestros; 58.3 por ciento el robo a negocios y 57.2 el robo de vehículos. Esos índices delictivos tuvieron un incremento general del 24.7 en relación al año anterior.

Estos datos corresponden a 2011, pero como sabemos, se han incrementado en toda la entidad de manera alarmante, llegándose incluso a la necesidad de que en algunas comunidades, por la falta de atención gubernamental, se crearan grupos armados de autodefensa, incrementándose una espiral que no sabemos dónde terminara.

Los ciudadanos vivimos en la indefensión total, pues no pasa día en que en las principales ciudades de la entidad, Chilpancingo, Acapulco, Iguala o Taxco los habitantes nos enteremos de alguna extorsión, secuestro, robo o incluso la pérdida de la vida de algún familiar o conocido cercano. Es una situación caótica en donde no existe autoridad gubernamental que detenga esos ilícitos evidentes a los ojos de todos; los grupos delincuenciales actúan en total impunidad y el ciudadano común vive aterrorizado, sintiendo prácticamente una espada sobre su cabeza, sin autoridad gubernamental a la cual acudir y sin perspectiva de que las cosas mejoren, sino al contrario.

La delincuencia actúa con tanta impunidad que han sido afectados diversos ciudadanos extranjeros y es cuando más trasciende la información a los medios, pero para la ciudadanía de Guerrero este accionar de los grupos delictivos es constante e implacable en nuestra contra, sin que exista respuesta por parte del gobierno estatal –esto es necesario remarcarlo por que es su responsabilidad primaria y elemental, con la cual no han podido o no han querido cumplir.

Con toda seriedad los ciudadanos de Guerrero debemos cuestionarnos de que si un gobierno no puede o no quiere actuar contra la delincuencia, debe ser remplazado por otro que sí lo haga. Estamos hablando de nuestras vidas, así de grave es la situación.

Mientras los flagelos de la inseguridad y la ingobernabilidad azotan cada rincón de la entidad, las autoridades estatales, muestran su puño represor contra las demandas del magisterio –recordemos que ese magisterio fue el primero que alzó la voz y se manifestó en contra de la inacción del gobierno respecto de la crisis delincuencial que se alzaba– el gobierno aguirrista no sólo los descalificó, sino que los reprimió.

Hoy nuevamente se desarrollan estrategias de represión contra los mentores, incluso mediante la bajeza de tratar de enfrentarlos con otros trabajadores. Para ello mandó publicar un desplegado a una plana, con los emblemas del gobierno del estado y de la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina), donde se lee: “por el bloqueo que mantienen maestros de la CETEG en las oficinas del Palacio de Gobierno, la Sefina se encuentra paralizada para procesar las nóminas y pagos correspondientes en este mes”, por lo que se afectarían los salarios de la burocracia, los órganos autónomos, del magisterio estatal y telesecundarias, del magisterio del sistema federal, de pensionados y jubilados y tampoco se podrán cubrir la cuotas al ISSSPEG y al SUSPEG. Toda una farsa para culpar a los maestros en plantón.

Pero es conocido que ya se había establecido, a través de los testaferros aguirristas, una estrategia de amenazas y represión –vía uno de diputado priistas, conversos al perredismo por obra y gracia no de las ideas o la mística de la izquierda, sino por el pragmatismo de la dieta.

Este personaje, atendiendo al pie de la letra los dictámenes de sus patrones, puso una demanda contra los docentes que exigían una reunión con los llamados “representantes populares”. Hoy ese incidente sirve para amenazar al magisterio. Mientras, de acuerdo a los datos estadísticos tal parece que la delincuencia actúa a sus anchas como si tuviese carta blanca para accionar con plena impunidad, mientras al magisterio se le amenaza, no se le escucha y se le pretende aplicar todo el peso de la ley. Ante esto hemos detectado que en varias ciudades y comunidades de la entidad, la ciudadanía se está organizando para demandar a la autoridad estatal mediante la suma de voluntades –en un primer momento mediante la firma de un manifiesto– “…el cumplimiento de su responsabilidad o su renuncia”, por que, señalan, la delincuencia no se combatirá con inactividad o demagogia.