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Exigen mujeres la liberación de Nestora y de los presos políticos de la entidad

*Aunque un juez desechó los cargos federales contra la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, el gobernador sigue imputándole delitos, señalan en conferencia de tres organizaciones en la ciudad de México

 Integrantes del Comité de Mujeres Nestora Libre, el Frente de Resistencia de Los Ángeles (de Estados Unidos) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) demandaron al gobierno de Ángel Aguirre Rivero la libertad de Nestora Salgado García y los presos políticos de Guerrero. Se quejaron de que aunque un juez desechó los cargos federales contra la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado, el gobernador Ángel Aguirre Rivero sigue imputándole delitos, el último por 48 secuestros de los que se desconocen las supuestas víctimas. Denunciaron las irregularidades y violaciones a los derechos humanos cometidos, y las malas condiciones en que se encuentran los líderes comunitarios recluidos.

Acusaron que el coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán paralela a la matriz, Eliseo Villar Castillo ha entregado a la CRAC al gobierno y Aguirre Rivero lo utiliza como “títere” para “seguir fragmentando” a la autoridad comunitaria, mientras el estado “se convulsiona” ante la violencia, por la falta de eficacia de la Policía Federal y las autoridades. Además, reprocharon que a 10 días de que se llegue a un año de los desastres de la tormenta Manuel, el gobierno federal no ha cumplido con la reconstrucción de la región de La Montaña. Acusan que el presupuesto millonario ha tenido “uso político”, y el programa Oportunidades es condicionado y utilizado para el “exterminio” de los pueblos obligando a las mujeres a utilizar métodos anticonceptivos que dañan su salud. Ayer por la tarde, la consejera de la CRAC-PC, Felicitas Martínez Solano, la integrante del Comité de Mujeres Nestora Libre, Daniela Villanueva y la integrante del Frente de Resistencia de Los Ángeles, Beatriz Lumbreras dieron una conferencia de prensa en la Casa de la Solidaridad de la ciudad de México para exigir la liberación de la coordinadora de la CRAC de Olinalá Nestora Salgado, del de Tixtla Gonzalo Molina, del promotor de Ayutla Arturo Campos Herrera y del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, Marco Antonio Suástegui Muñoz. Exigieron que sean liberados el coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla, Bernardino García Francisco y los policías comunitarios Eleuterio García Carmen, Ángel García García, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro, Benito Morales y Samuel Ramírez Gálvez, a quienes les pidieron mantenerse dignos. Martínez Solano sostuvo que no saben de qué los acusan y por qué a los delincuentes con delitos comprobados el gobierno no los sanciona, pero sí considera delito grave que la CRAC y sus integrantes defiendan sus derechos y territorio, con base en la tradición de los pueblos originarios con más de 500 años de antigüedad de las regiones Montaña y Costa Chica, y como un mandato del pueblo. En la lectura del pronunciamiento lamentó la situación del Estado de derecho en México y agregó que los coordinadores de la CRAC estaban dando un “resultado eficiente, eficaz” contra la violencia, pero fueron detenidos sin seguir el procedimiento conforme a la ley, sin respetar lo que indica la Constitución, los tratados internacionales ni el Convenio 169 y, en su caso, sin traductores, violentando todos sus derechos humanos. “Hoy el estado de Guerrero se convulsiona entre tanta inseguridad y violencia generados por los grupos delincuenciales y por las mismas autoridades que no quieren hacerse cargo del problema, pero que tampoco permiten que la ciudadanía se organice para proteger sus vidas y sus patrimonios”, criticó la consejera de la CRAC-PC. Expuso que en las regiones Tierra Caliente y La Montaña baja hay pueblos que quieren hacerse cargo de la seguridad porque en Guerrero hay presencia de la Policía Federal pero “no hay un resultado eficaz de seguridad”, sin importar los “miles y millones” de pesos invertidos, y criticó que el presidente Enrique Peña Nieto anunció un nuevo cuerpo policiaco. La consejera de la CRAC, Felicitas Martínez dijo que el territorio también es amenazado por empresas mineras y el gobierno estatal utiliza “el mismo instrumento, el mismo títere que permitió y avaló la represión” en la detención de los presos políticos de la CRAC el año pasado, y a pregunta de reporteros de a quién se refería, tanto ella como Edith Herrera señalaron a Villar Castillo porque desconoció a los coordinadores sin autorización de la asamblea y “entregó a la Policía Comunitaria al gobernador”. Expuso las malas condiciones en las que viven los presos políticos, que la familia de Nestora Salgado ha informado que no está recibiendo la debida atención médica ni se ha visto con los abogados de su defensa, ha sido “muy desgastante” el proceso por la lejanía, no puede tener comunicación con sus familiares, igual que los presos en Acapulco, y Gonzalo Molina en Oaxaca, de quien aseguró que de alimentos sólo le dan “un bolillo remojado y huevo en polvo”. Del Comité de Mujeres Nestora Libre, Daniela Villanueva llevó la carta de dos senadores y siete congresistas de Estados Unidos en la que urgieron al jefe del Departamento de Estado, John Kerry, su atención inmediata al caso de Nestora Salgado, y agregó que la coordinadora recibió un “coctel de pastillas”, sufre depresión y su salud mental “está en una situación muy delicada”. Destacó que en abril le quitaron los cargos federales pero en cuatro ocasiones el gobierno de Aguirre Rivero le ha imputado más delitos, y el último incluía 48 secuestros pero “nadie conoce quiénes son esas personas supuestamente secuestradas”. De Resistencia de Los Ángeles, Beatriz Lumbreras contó que el Frente de Resistencia logró obtener pasaportes y cartas de la Universidad de Seattle para llevar a un grupo de policías comunitarios a Estados Unidos a pedir el apoyo del gobierno y exponer el caso pero “ha sido muy complicado” porque desde hace un año el gobierno estatal ha querido “desmembrar” al grupo y se dispersaron por el “acoso” que viven. Por otra parte, la antropóloga social e integrante de la CRAC, Edith Herrera informó que en el pueblo Ñuu Savi, Kandutiá, en Metlatonoc, colectivos y organizaciones han tenido que organizarse para reconstruir 18 casas dañadas por la tormenta Manuel porque los apoyos prometidos por la federación no llegaron. Consideró que a los más de 129 mil millones de pesos para el plan Nuevo Guerreo se les dio “uso político” porque en La Montaña “no se ha hecho nada”, recordó que los víveres que tenían que repartirse fueron encontrados en bodegas, agregó que los damnificados no quieren casas prefabricadas y que el gobierno no ha llevado a la región “más que abandono, despojo”. Señaló que con la Cruzada Contra el Hambre los militares entraron a muchas comunidades poniendo como pretexto la instalación de los comedores comunitarios, y que desde agosto documentaron que aumentó el condicionamiento a las mujeres beneficiarias del programa Oportunidades, porque varias estaban siendo inyectadas con métodos anticonceptivos como condición y el problema se detectó porque tenían problemas de salud, lo que consideró un “exterminio” de los pueblos. Se suma a las demandas la Casa de Justicia matriz de San Luis Acatlán de la CRAC En un comunicado fechado en la ciudad de México, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y el Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia matriz se pronunció, “nos hacemos presentes desde territorio comunitario para juntar nuestras voces con las de otras y otros, para demandar, para exigir la libertad inmediata, incondicional, de todos y cada uno de nuestros compañeros presos políticos”. “Nos aprestamos a fortalecer la defensa de los nuestros, la libertad de nuestros presos, la integridad de nuestros territorio amenazado gravemente por las empresas mineras, la unidad y la integridad de nuestra institución comunitaria que sigue siendo golpeada por el mismo gobierno estatal, utilizando el mismo instrumento, el mismo títere, que permitió y avaló la represión en agosto pasado, en la Casa de Justicia de El Paraíso en Ayutla de los Libres, que propicio como un Judas la detención de nuestros compañeros hoy presos”, agrega, en aparente referencia al coordinador de la Casa de Justicia paralela a la matriz en San Luis Acatlán, Eliseo Villar, reconocido por el gobierno del estado como líder de la CRAC. “Sin embargo, decimos, ya se llegará de nuevo la hora de los pueblos; seguros de ello llamamos a las organizaciones y colectivos fraternos, a los intelectuales y académicos, a los estudiantes, a que redoblemos la exigencia de libertad de nuestros compañeros presos, a fortalecer las redes de solidaridad y de trabajo conjunto para la construcción de una patria mejor, de unificar nuestras luchas. Seguros de que de algún modo este mensaje les llegará a nuestros compañeros encarcelados, los llamamos a mantenerse dignos y seguros de que hay un pueblo entero luchando por su libertad. Seguros de que más tarde que temprano, estarán de nuevo con nosotros”. En la misiva exigen la libertad de Nestora Salgado, Arturo Campos, Gonzalo Molina, Marco Antonio Suástegui, Bernardino García, Ángel García García, Eleuterio García, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro, Benito Morales Bustos y Samuel Ramírez Gálvez.