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El principio de efectividad, vía para una democracia directa

Carlos A. Pascual Cruz

Según la doctrina tradicional, para que un gobierno sea legítimo, primero debe ser efectivo. Hans Kelsen, en su Teoría Pura del Derecho, lo dice así: “El principio de legitimidad está limitado por el principio de efectividad”. En ese sentido, ¿hasta qué punto, el llamado “Pacto por México” es efectivo? Y, en consecuencia, ¿hasta qué punto es legítimo?

Para Lorenzo Meyer  (en su artículo publicado el día jueves 29 de mayo de 2014 en el periódico “El Sur” e intitulado partidocracia, un problema nacional), el “Pacto por México es el más acabado ejemplo de lo que entendemos como “partidocracia”: el régimen que se fundamenta en los acuerdos entre los partidos dominantes, donde la ciudadanía es testigo de decisiones que le afectan, pero  no un ente que ejerza influencia alguna.
Enrique Peña Nieto, presidente y líder real del PRI, y los dirigentes del PRD y del PAN, convinieron  en 2012 en dictar al Congreso la parte sustancial de su agenda al arranque del actual sexenio (al punto que muchos legisladores aprobaron reformas que ni siquiera leyeron); y la sociedad –más de cien millones de mexicanos– apenas fue testigo casi mudo e impotente de arreglos que le afectaron y afectarán  profundamente –los mandantes a merced del mandatario–: la reforma constitucional en materia de la explotación del petróleo, en beneficio de  de grupos privados; cambio de las cargas impositivas; requisitos absurdos que hacen prácticamente imposibles las candidaturas independientes o la consulta popular; ingresos fuera de proporción para funcionarios públicos; y muchas otros acuerdos.
El concepto “partidocracia”, según Norberto Bobbio, no es el gobierno de los partidos, sino el monopolio de esos partidos no sólo respecto del poder político sino de la actividad política toda.  Luego entonces, PRI, PAN y PRD,  al firmar el “Pacto por México”, son responsables directos de lo que pueda suceder durante los siguientes años, una responsabilidad subsidiaria.
La ya de por sí cuestionable legitimidad de Enrique Peña Nieto como Presidente de los mexicanos, podría ser aún más limitada de acuerdo a su efectividad. E incluso, si estuviéramos dentro de una democracia directa, esto implicaría una revocación de mandato o revocación popular: el pueblo decide cuándo el gobernante en turno debe dimitir por el perjuicio causado por sus decisiones. José Gilberto Garza Grimaldo  advierte que la falta de espíritu de servicio público tanto de los representantes populares como de los servidores públicos, los convierte en una suerte de corsarios de quienes no emana más que impunidad. La intervención del pueblo en la vigilancia del funcionamiento de la administración pública permite alcanzar un alto grado de democracia directa. Si el pueblo, a través del voto, otorga “mandato” a los representantes políticos, es el pueblo quien debe retirar también ese mandato cuando aquéllos han perdido credibilidad: “Quien pone, quita”.
Es evidente que esto no sucede en México porque nuestra democracia es limitada, representativa, y desde ahí ya se parte mal, de manera que estas limitaciones continuarán, mientras no seamos ciudadanos en todo el sentido de la palabra, es decir, mientras no participemos de manera directa en la cosa pública, debatiendo y siendo parte en las decisiones que tomen nuestros gobernantes.
La partidocracia va en contra de las normas y principios de una democracia directa (donde el pueblo hace valer de verdad su poder). Es por ello que en México no se deben permitir más contratos leoninos (contratos de sociedad en que se pacta que todas las ganancias sean para uno o algunos de los socios y todas las pérdidas para los demás; observando los rectos principios de la equidad, está reprobado por las leyes y es nulo «ipso iure») entre gobernantes y gobernados, como en el caso del llamado “Pacto por México” y sus consecuencias. Insisto: sólo hay un camino, y es la participación ciudadana. La participación ciudadana es el único medio para alcanzar lo que parece inalcanzable.
La democracia en México debe considerarse el principio de efectividad, una norma  fundante básica para el gobernante, cuya legitimidad debe depender de sus resultados, que, de ser negativos, el pueblo deberá retirarle el mandato que le ha otorgado irrevocablemente. Sólo así nos aproximaremos a una verdadera democracia: pura (directa), verdadera, purificada del gran monopolio político ejercido por los partidos y el gobierno. Sólo así nos aproximaremos, en palabras de Kelsen, a la “Justicia de la democracia”.
Gracias.
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