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Exigen abogados auditar al poder Judicial

+++Es necesario que los licenciados y las organizaciones civiles se interesen más por lo que está pasando en el TSJ, exhortan Pedro Ramírez Millán y José Ramírez Villalva

 Los abogados Pedro Ramírez Millán y José Ramírez Villalva declararon ayer que ante las evidencias de corrupción, desvíos de recursos, opacidad en su manejo y las sospechas de que el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, sigue teniendo injerencia en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), es necesario que se realice una auditoría financiera y administrativa al poder Judicial y se le finquen responsabilidades y juicio político.

Convocaron, asimismo, a los colegios y asociaciones de abogados, organizaciones sociales, organismos no gubernamentales y a la sociedad en general a interesarse más en lo que está pasando en el TSJ, porque los recursos son del presupuesto público y no pertenecen a quienes representan al poder Judicial.

La declaración de los dos profesionistas surgió luego de que el articulista de PUEBLO, Roberto López Vázquez, denunció en la edición de ayer que durante el tiempo que estuvo como presidente del poder Judicial, Martínez Garnelo “se dedicó a saquear las finanzas y para ello le ayudaron sus familiares” y que “en el Tribunal de Justicia hay un desvío de 300 millones de pesos, de los cuales 46 millones fueron a parar directamente a las cuentas bancarias personales que Jesús Martínez Garnelo tiene en bancos de España”.

“Respecto a esas turbiedades, hay evidencias de que no solamente se cometen, sino que las solapa el pleno del Tribunal, a pesar de que están desequilibrando al poder Judicial”, dijo Pedro Ramírez.

Y agregó que es necesario que los abogados y las organizaciones civiles se interesen más por eso que está pasando en el TSJ y en lo que están incurriendo aquellos que aplican la ley, “para exigir que no solamente se les haga una auditoría sino que se les finquen responsabilidades y se les inicie un juicio político”, propuso.

Dijo que esa actuación se justifica porque están de por medio los recursos económicos que no son de los magistrados, sino que es presupuesto público que es de todos los guerrerenses.

“Si la ciudadanía no toma cartas en ese asunto y no tiene interés en que todo esto se esclarezca, creo que vamos a llegar a un caos mayor porque ya vimos que también al gobierno estatal no le interesa resolver este problema”, dijo Ramírez Millán.

Por su parte, Pedro Ramírez Villalva, agregó que demandan la participación de la sociedad, de los partidos políticos, organizaciones y profesionistas del derecho, “porque ya hemos visto que el pleno del TSJ ha bloqueado cualquier intento de esclarecer el ejercicio de los recursos, y, además, ha consentido esos hechos”.

Por eso dijo que se requiere que el caso de corrupción salga del interior del poder Judicial y que los demandantes sean la ciudadanía “porque tenemos conocimiento que también existe una demanda de parte de la Auditoría General del Estado (AGE) para que el presidente anterior, Edmundo Román Pinzón, esclarezca dónde quedaron 80 millones de pesos que ejerció para la construcción de inmuebles y otros conceptos”.

Dijo que, además, la situación de gobernabilidad en el poder Judicial está “trastornada” por sus miembros y por el propio gobierno que ha intervenido para mantener el control del Tribunal y tenerlo como instrumento de venganzas políticas.

Agregó: “No es posible que el presidente del Tribunal se vaya de secretario general de Gobierno y mantenga el nombramiento de presidente titular del TSJ”, pero dijo que esto es responsabilidad de los magistrados al haber permitido que Martínez Garnelo no sólo se fuera con todo y nombramiento de presidente, “sino al permitirle manipular la elección de presidente interino; quitar y poner presidentes interinos”, manifestó en referencia a que primero eligió a Alberto López Celis y después a Lambertina Galeana Marín.

Añadió que bajo esas condiciones es imposible pedirle al gobierno del Tribunal que equilibren y saquen del atoradero en que se encuentra el poder Judicial y que por eso la demanda debe salir de la sociedad civil, de las organizaciones, profesionistas del derecho y de los actores políticos.

Citó: “Esto que está sucediendo en el Poder Judicial ya degeneró en un rechazo social, pero también ya generó el rechazo interno de los trabajadores, que no se dio solamente como consecuencia de la ausencia de un pago, sino, obviamente, por la ignominia que están cometiendo los magistrados y el presidente del Tribunal, tan es así que rechazaron el nepotismo de los magistrados en la designación de jueces, proyectistas y secretarios”.

Ramírez Villalva aseguró que el rechazo de los trabajadores solamente significa una parte, “porque en los impartidores de justicia todavía la corrupción se excede porque mercadean su trabajo y la población tiene que pagar por los servicios lo que es incorrecto; pagan por sentencias, autos de libertad, órdenes de aprehensión y esto no puede ser, estamos llegando a casos muy extremos de la justicia”, concluyó.