En Los Morros municipio de Chichihualco, retienen a funcionarios de Ángel Aguirre
Los habitantes de Los Morros, perteneciente a Leonardo Bravo, que crearon la Policía Comunitaria Independiente de la Sierra, retuvieron al subsecretario para Asuntos Políticos, Misael Medrano Baza, y al alcalde Leopoldo Cabrera Sánchez, en la comunidad, porque pretenden que el Secretario General de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, suba y les garantice sus demandas, se espera que hoy lunes sean liberados.
Por su parte el gobernador dijo después del acto de bienvenida al batallón de militares ingenieros que colaborarán por la contingencia de la tormenta tropical Manuel, aseguró que la inconformidad de los habitantes de la sierra es que no han enviado maquinaria para abrir los caminos afectados por las lluvias, la entrega de víveres y medicamentos. Según el lo que más le importa a los habitantes de ese lugar es erigirse como policía comunitaria y en ello, aseguró, fincan sus demandas. Aseguró que está dispuesto a tomarles la palabra de agruparse, pero en la policía rural que como el gobernador lo plantea.
Reconoció que “Tomaron como rehén al subsecretario, entiendo que al presidente municipal también y a otro funcionario; estamos tratando de persuadir porque no nos parece que sea el camino, estamos dispuestos al diálogo pero no bajo ese tipo de presiones, y desde luego de ser necesario tendremos que aplicar la ley y tendremos que irlos a rescatar”.
Haciendo un poco de historia, el día lunes 7 quedó conformada en Los Morros la Policía Comunitaria Independiente de la Sierra, con cobertura en 25 pueblos de Leonardo Bravo. Ese día los habitantes de las comunidades organizadas bloquearon la carretera que conduce de Chilpancingo a ese municipio y retuvieron a militares, a quienes reclamaron el “abuso que cometen en sus operativos” y la falta de seguridad en esa zona del estado; al día siguiente quemaron 10 casas en la comunidad de Campo de Aviación, porque aparentemente allí vivía gente relacionada a la delincuencia organizada.
El gobernador dijo que el motivo de la retención del funcionario estatal y el alcalde, es una presión para que suba Martínez Garnelo, quien aclaró no lo hará, porque, considera que corre el mismo riesgo, “y como gobernador no lo puedo permitir”. Además, comentó que lo último que supo es que el camino también lo podrían tener bloqueado.
Advierte Aguirre aplicar la ley para rescatar a funcionarios retenidos en Chichihualco
El gobernador del estado, advirtió que si el funcionario estatal y el alcalde “no son liberados pronto” mas tardar este lunes, entonces el gobierno estatal “tendremos que aplicar la ley e irlos a rescatar por la fuerza”.
Afirmó que no cederán ante presiones de los pobladores, y adelantó que el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, no acudirá a los Morros porque “me lo van a detener también”, afirmó de esta manera ante los medios de comunicación.
En esa entrevista
confirmó que habitantes de los ocho pueblos de los municipios de Leonardo Bravo (Chichihualco) y dos de Eduardo Neri (Zumpango) el viernes pasados retuvieron al subsecretario de Asuntos Políticos del gobierno estatal, Misael Medrano Baza, también “tienen de rehén” al alcalde del primer municipio, Leopoldo Cabrera Chávez.
Aguirre Rivero dijo que “les tomo la palabra” a los pobladores para que se integren a la policía rural, pero llamó a liberar a Misael Medrano y al alcalde de Chichihualco, que “tienen como rehenes”.
Propuso a los manifestantes que acudan a la cabecera municipal o a Chilpancingo para dialogar y llegar a acuerdos, además pide que liberen a los detenidos, de lo contrario se aplicará la ley.
Por otra parte Aguirre Rivero se deslindó de la decisión del gobierno municipal de Tixtla de detener a los comuneros de Atliaca que rechazan el desfogue del agua de la laguna negra de la cabecera municipal en la barranca que pasa por la población.
Afirmó que el gobierno estatal no dio la indicación de detener a los comuneros de Atliaca y que fue una decisión del alcalde de Tixtla, Gustavo Alcaraz Abarca.
Eso es lo contrario de lo que el jueves dijo el director de Seguridad Pública Municipal, Rubén Reyes Zepeda, que la indicación de detener a los comuneros indígenas se dio desde el gobierno estatal.
Sin embargo, el gobernador afirmó que el desfogue del agua de la laguna negra continuará, por “las características de la contingencia”, y dijo que instruyó al Director General de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), Arturo Jesús Palma Carro, para que “tomara todas las medidas para clorar y no fuera muy contaminada”.
Dijo entender la resistencia de los comuneros de negarse a que el agua de la laguna sea desfogada en su barranca, donde están sus mantos acuíferos y terrenos de siembra.
Reconoció que puede haber afectaciones por el desfogue del agua de la laguna negra, y dijo que “estoy en disposición de resarcir cualquier tipo de daños que se ocasionara”, pues la propuesta del gobierno estatal es reparar los daños que ocasione el agua en la comunidad de Atliaca.
De la queja que los representantes de los bienes comunales de Atliaca presentaron ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) contra el director de Seguridad Pública del municipio, a quien acusan de agitar a los damnificados, lo que pudo concluir en un enfrentamiento, afirmó que están en su derecho si la detención fue irregular y si tienen pruebas de la acusación.
Pero insistió en que el gobierno estatal no tuvo nada que ver en la decisión de detener a los comuneros de Atliaca y que la orden la tuvo que dar el presidente municipal.
En el caso de Tixtla, ciudadanos y principalmente damnificados por la inundación que hoy cumple 29 días, afirman que el presidente municipal perredista sembró tilapia en la laguna negra como parte de su negocio personal o familiar, y que ese fue el motivo por el que tenía cerrados los resumideros, para no perder el pez.
Y a pesar de las constantes lluvias y el crecimiento de la laguna, no dio la instrucción de abrir los resumideros naturales de la laguna.
Aguirre Rivero afirmó que realizarán investigaciones con “mucho sentido de responsabilidad” para sancionar sólo a los responsables y “no andar dando palos de ciego”, lo mismo dijo que ocurrirá con los permisos que ex funcionarios y gobernantes dieron para construir en lugares prohibidos.
José Juan Bautista Hernández dirigente de Antorcha Campesina en el estado, denuncia que se habrá de agudizar la hambruna en Guerrero (Foto: Fabián Trigo/ANG).
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