MUNICIPIO

Denuncian actos de corrupción en la UPN

Trabajadores de la Unidad 12 “A” de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), cuestionaron la falta de convocatoria para transparentar el proceso de promoción interna (corrimientos o cadeneos) para aspirar a mejores categorías en el escalafón, y acusaron que se hizo así para beneficiar a persona con influencias que carecen de antigüedad, perfil académico, experiencia laboral y producción académica tendiente a la calidad.

Citaron que en el caso concreto luego de la jubilación de la profesora Antonia Campos García, en la máxima categoría del nivel superior titular “C” de tiempo completo, y del profesor Celso Villa García, “se debió convocar a quienes pudiesen ser susceptibles de ser beneficiados en el escalafón”.

El profesor Antonio Álvarez Casados, señaló que no están de acuerdo “en que se haya alterado el dictamen global autorizado de incidencia del personal homologado, que se derivó de los resultados de la convocatoria para promoción emitida por la Comisión Negociadora de la Secretaría de Educación Guerrero-SNTE, única, Plural y Permanente (del) 2011”.

Añadió que el desacuerdo es debido a que en el citado dictamen aparece Elena Nazario Torrealva, abogada especializada en derecho agrario, maestra en derecho público y doctora en educación,, pero con apenas seis años de ingreso a la UPN, y que actualmente es directora de la misma, a quien le otorgaron la categoría más alta del nivel superior (la E9217), “con autorización atribuida al director general para la Operación de los Servicios de Educación Media Superior y Superior, Jorge Valente Serrano Franco”.

Además acusó que los trabajadores con mayores merecimientos “fueron excluidos o mutilados en los beneficios que registra el dictamen global autorizado de incidencias del personal homologado, luego de que acudieron a la convocatoria para promoción de la SEG-SNTE”, y que en el colmo los documentos que entregaron ni siquiera fueron dignos de atención.

Denunció que también desaprueban la adscripción de personal en su centro de trabajo, ya que lo hicieron “arbitraria e irregularmente” con el conocimiento del director general Serrano Franco, “a quien suponíamos que estaba en la vertiente de que los cambios realizados por el gobernador Ángel Aguirre renovarían las prácticas directivas, pero al parecer no ha sido así”.

Dijo que un ejemplo es “la adscripción de facto”, del nivel Básico a Superior, de Laura Lizeth Monroy Figueroa. “Rechazamos las acciones operadas desde la penumbra, facciosas, que más que fomentar la calidad privilegian la improductividad, el cercenamiento de los derechos laborales, alientan la vida parasitaria y, como en la vieja escuela del sindicalismo corporativo, buscan asegurar lealtades bajo el régimen de terror”, aseveró Antonio Álvarez.

Pero asimismo denunció que “buscan abrir paso a la adscripción en Chilpancingo y con las más altas categorías, de los hijos del ex secretario de Conflictos del Nivel Superior del SNTE, Benito Alberto Ucan Tun, y cuando se manifiesta el disenso no se responde al origen de la protesta, sino que se opta por invocar la salida de los que reclaman, lo que confirma la vigencia del pensamiento patrimonialista que se creía en desuso”.